Josue
El conflicto en Nepal estalló con fuerza tras la decisión del gobierno de prohibir 26 redes sociales bajo el argumento de “proteger la seguridad nacional”.
Para los jóvenes, esto fue visto como censura y control autoritario, encendiendo la chispa de un movimiento conocido como la “revolución Gen Z”.
Sin embargo, la indignación acumulada iba más allá: por años, la élite política ha sido acusada de corrupción, enriquecimiento ilícito y privilegios desmedidos, en contraste con la pobreza y desempleo que afecta a gran parte de la población.
La protesta juvenil se transformó en insurrección abierta. Los manifestantes incendiaron el Parlamento, ministerios y residencias oficiales, y persiguieron directamente a figuras de poder:
• K.P. Sharma Oli, primer ministro, fue forzado a renunciar tras ver su casa atacada y su gobierno colapsado.
• Bishnu Prasad Paudel, ministro de Finanzas, fue golpeado y arrastrado en plena calle, imágenes que se viralizaron mundialmente.
• Sher Bahadur Deuba, ex primer ministro, y su esposa Arju Deuba, fueron agredidos y heridos, con su residencia incendiada.
• Otros ministros, como el de Agricultura, Salud e Interior, también presentaron renuncias masivas para evitar más ataques.
La furia ciudadana respondió al hartazgo: políticos que acumulaban lujos, mansiones y privilegios sin justificar sus ingresos se convirtieron en blancos de la ira popular.
En México, recientemente se señaló a una diputada (dato protegido) por presumir lujos y estilos de vida que no corresponden con su sueldo oficial. Aunque el contexto mexicano es distinto, este tipo de casos refuerza la percepción de una clase política desconectada de la realidad social.
Si las instituciones no ofrecen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, las sociedades pueden mirarse en el espejo de Nepal, donde la indignación ciudadana pasó de la crítica en redes sociales al ataque directo contra los símbolos del poder.
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